La prensa, 12 de junio de 2011


OPOSICIÓN A CANDIDATURA PANAMEÑA

Para ser elegido en la CIDH

Betty Brannan Jaén
LaprensaDC@aol.com,

En 1990, cuando primero comencé a escribir para este diario, las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eran totalmente a puerta cerrada. Para cubrir lo que acontecía en ellas, uno tenía que esperar en la calle para ver si los participantes aceptaban dar declaraciones a la salida del edificio. Si alguna de las partes me daba copia de algún documento pertinente a la audiencia, era siempre a lo escondido porque los documentos eran confidenciales y no debían ser divulgados en los medios.

Afortunadamente, eso ha cambiado. Las audiencias son abiertas al público (a veces hasta transmitidas por internet) salvo que una de las partes solicite confidencialidad. La lista de audiencias en cada sesión (celebradas dos veces por año, en marzo y octubre) se publica de antemano y hay frecuentes ruedas de prensa.

Pues bien, en una de esas ruedas de prensa algunos años atrás, yo alcé la mano para preguntar si a los comisionados de la CIDH se les paga. Se me respondió que no, a lo que comenté que "eso explica por qué nunca ha habido un comisionado panameño", observación que provocó risa en el salón.

Pero eso cambió hace un año. Ahora se les paga 2 mil dólares mensuales a los comisionados, junto con sus gastos y un estipendio diario cuando están en viajes de la CIDH o en sesión en Washington. Es cierto que hay mucho trabajo: aunque cada comisionado esté en su país la mayor parte del año, por vía electrónica está respondiendo constantemente a las peticiones de medida cautelar (ya son 500 en lo que va de este año), revisando informes, expedientes y comunicados de prensa, y realizando labor relacionada con sus relatorías especiales.

Este año, por primera vez hasta donde conozco, un panameño se postuló para la CIDH, cuyos comisionados son elegidos por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante su Asamblea anual. Era Guillermo Willy Cochez, actual embajador de Panamá ante la OEA y figura muy conocida en Panamá.

Antes de la Asamblea de la OEA, oí decir que el candidato panameño no llevaba chance porque Panamá tiene una trayectoria de irrespetar los compromisos que los países hacen tras bastidores para apoyarse mutuamente, pero la gran sorpresa fue ver cómo los activistas de derechos humanos cerraron filas públicamente en oposición a la candidatura de Cochez. Unas 22 organizaciones de la sociedad civil panameña se unieron para escribirle a todos los jefes de Estado de los países miembros, en rechazo a la candidatura. Entre organizaciones internacionales, la directora ejecutiva de CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) dijo a Acan-Efe que "Cochez ha tenido posiciones que creemos abiertamente encontradas con una posición de defensa de los derechos humanos". Investigué si esta campaña pública en contra de un candidato a comisionado es algo frecuente en la CIDH y averigüé que sí ocurre de vez en cuando, pero que solo una postulación percibida como "desastrosa" inspira semejante nivel de oposición.

Así las cosas, Cochez fue derrotado. Entiendo que 17 de los 34 países miembros votaron por él, pero no se sabe cuáles fueron porque la votación es secreta. Entiendo también que Venezuela le hizo guerra y que algunos países se le "voltearon" al último momento. Como en toda elección, astucia política es un elemento crucial.

En todo caso, la derrota seguramente ha sido dolorosa para Cochez. Pero aun más significativo es que esta derrota también confirma una realidad dolorosa para Panamá porque mucha de la oposición se enfocó en que las acciones del gobierno de Ricardo Martinelli le han merecido ser visto dentro y fuera del país como un gobierno atropellador de los derechos humanos e irrespetuoso del sistema interamericano para la protección de esos derechos.

Para quienes anhelamos un Panamá más comprometido con los derechos ciudadanos, no menos, esa realidad es grave.

Pérdidas millonarias por cierres en Bonyic

el teribe, bocas del toro. el proyecto tiene 64 días de atraso

Pérdidas millonarias por cierres en Bonyic

En las pugnas por el gobierno del pueblo naso ha mediado el viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles.


INSÓLITO. Una veintena de indígenas de la etnia naso mantuvieron cerrado el acceso al proyecto hidroeléctrico, tan solo porque exigen elecciones para reemplazar al rey Tito Santana. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Pedro Rodríguez

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
EL TERIBE, BOCAS DEL TORO

nacionales@prensa.com

Luego de 65 días de atraso originados por los diversos cierres de la vía de acceso, las cuadrillas de la empresa Hidroecológica del Teribe reactivaron ayer, en la tarde, las obras de la hidroeléctrica de Bonyic.

Un vocero de la firma, quien pidió no ser identificado, explicó que para el consorcio los más de dos meses sin poder laborar les han causado pérdidas millonarias.

Este último cierre, afirmó, se produjo por circunstancias ajenas al desarrollo del proyecto hidroeléctrico, y en el cual la empresa no tenía responsabilidad alguna, ya que se derivó de la ruptura de la negociación en la "mesa de acción social" que se desarrolla por iniciativa del Gobierno y entre miembros de la comunidad naso.

El proyecto hidroeléctrico de Bonyic se reactivó en 2009, luego de numerosos tropiezos. Se propone aprovechar las aguas del río Bonyic, en la región del Teribe, a 14 kilómetros al noroeste de Changuinola, y calcula producir 30 megavatios de energía. Su costo se estimaba hace dos años en $100 millones de dólares.

El rey cede

El cierre de la vía de acceso al proyecto hidroeléctrico durante cinco días se produjo como una protesta entre grupos de la etnia naso que se oponen a la continuidad del rey Tito Santana, en el poder.

Los opositores solicitaban la celebración de una asamblea en el mes de julio, pero los seguidores de Santana y él mismo exigían el desarrollo de una consulta, así como de una asamblea, y si el pueblo decidía realizar elecciones, que estas se convocarán para febrero de 2012.

Joel Becker, dirigente de la oposición al rey naso, informó que al finalizar la tarde, y con la mediación del viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles, se logró convencer al último rey de la única monarquía indígena en América Latina, de que llamara a asamblea a su pueblo, el 10 de julio próximo.

Becker dijo que la cita se realizará en Sieyik, región del Teribe y sede del palacio real, y allí unos 3 mil 500 nasos decidirán si se celebran o no elecciones para reemplazarlo o reelegirlo.

Cabe destacar que Tito Santana tomó posesión como monarca del pueblo naso el 26 de junio de 1998, luego fue ratificado por el Ministerio de Gobierno y Justicia en 2004 y 2005.

Actualmente, Tito Santana reside en El Silencio, en Changuinola, luego de abandonar el palacio real en Sieiyik, tras un alzamiento encabezado por su tío Valentín Santana, quien ejerce el reinado de facto.

Sus opositores sostienen que Santana no ha luchado como esperaban por una vieja aspiración como es la comarca Naso Tjërdi.

Además, lo han vinculado con los intereses de la empresa Hidroecológica del Teribe, la cual construye la presa que aprovechará las aguas del río Bonyic.

Panama dam flooding threatens Indigenous families

Panama dam flooding threatens Indigenous families

Indigenous villages in Changuinola are in areas to be flooded for the dam

Indigenous villages in Changuinola are in areas to be flooded for the dam

© Linda Barrera


26 May 2011

Amnesty International has called on Panama to halt flooding in an area where Indigenous families are still living, as negotiations continue over their relocation to make way for a dam on their lands.

The Panamanian Vice President's office announced on 20 May that flooding would commence soon to fill the Chan-75 dam in the Changuinola district of Bocas del Toro province in north-western Panama. Local activists told Amnesty International on Monday that the water level had already begun to rise.

While hundreds of Ngöbe Indigenous families have already left the area, some remain in their homes and are still negotiating their relocation with local authorities.

"It's simply unacceptable for the Panamanian authorities to allow this area to be flooded until they can ensure all the Ngöbe families have safely moved away," said Sebastian Elgueta, Researcher on Central America at Amnesty International.

"People are still living in the water's path, and their lives and safety are in danger."

According to local activists, some of the families contend they have not received the full amount of compensation that had been agreed.

Local authorities, including anti-riot police, have been called in to forcibly remove those still living in the area, and several Indigenous homes have been demolished.

In a September 2009 report on the Chan-75 dam, the UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples found that while the dam would have a "significant impact" on the nearby Indigenous communities, none of them had been properly consulted or afforded an opportunity to give their consent to be relocated. Panama has an international obligation to seek Indigenous peoples' free, prior and informed consent in such cases.

"Across the region, Indigenous peoples have been forced to abandon their ancestral lands, have lost their livelihoods and means of survival, and have fallen into poverty as a direct result of large infrastructure projects and disputes over land," said Sebastian Elgueta.

"Human rights protection and the promotion of economic development are not mutually exclusive and ensuring that they are in tune with each other is one of the most important challenges for the region."


For the original Amnesty International link go to: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/panama-dam-flooding-threatens-indigenous-families-2011-05-26

Ongoing Violation of Naso and Ngobe Peoples Rights

Ongoing Violation of Naso and Ngobe Peoples Rights

Feb 16, 2010

A shadow report has been submitted to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) detailing Panama's ongoing breach of obligations to the Indigenous Naso and Ngobe Peoples, under the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD)

PHOTO: c/o kaosenlared.net PHOTO: c/o kaosenlared.net

Authored by the Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD Panama), the 29-page report details Panama's numerous violations of the ICERD, including their failure to recognize Indigenous territorial rights, their violation of the Naso and Ngobe's Civil and Cultural Rights and their refusal to protect the Indigenous peoples from violence.

To demonstrate the "pattern of discrimination" and abuse, the shadow report focuses on three Naso and Ngobe communities:

First, the few Ngobe villages that live along the Changuinola River within the La Amistad Biosphere Reserve, who are facing the destruction of their villages, and the loss of their food and water supplies to make way for the Chan-75 Hydro dam.

According to Cultural Survival, the Panamanian government has stepped up their effort to build the hydro dam since the 2009 ruling by the Inter-American Commission on Human Rights, which called for the suspension of all activities connected to the project.

The Shadow report also focuses on the Naso communities of San San and San San Druy, who have been repeatedly "denied the recognition of a Comarca, or semi-autonomous territory, which Panama has granted to other indigenous groups," explains the report. "Due to this lack of protection for their territorial rights, the Naso communities of San San and San San Druy have been repeatedly invaded and destroyed by employees of a ranching company that claims legal title to a portion of their ancestral lands."

A situation that has been largely overlooked by the international community, the village of San San Druy was demolished in Nov. 2009, after the Ngobe refused an order to voluntarily abandon their territory. Since that time, says the World Rainforest Movement, the villagers have been living in protest camps both in Panama City (in Cathedral Square) and in San San Druy, where they continue to seek a solution to the land dispute.

Finally, the report looks at the struggle of Ngobe villagers in the Bocas del Toro Archipelago, where, the report states, "a series of poorly drafted laws meant to encourage tourism development and real estate speculation in Panama has instead resulted in the dispossession and often violent eviction of indigenous Ngobe residents."

"All three of these cases have resulted in threats and physical violence against indigenous
individuals and communities, sometimes on the part of a private party and sometimes by State police forces that the government of Panama has sent to aid private companies. In all three areas, houses, crops, and other property have been destroyed by heavy machinery. Police have occupied the areas in order to protect 'private property interests.'"

Further, "Community members have lost their possessions and even been injured and hospitalized
as a result of police violence. Many families have been displaced and their standard of living has decreased significantly."

While not explicitly mentioned in the report, at least two Ngobe have also been killed. The Spanish website Resistencia Naso reports that the body of an 11-year-old Ngobe boy was found in December 2009, on the property of a cattle rancher in Bocas del Toro.

The boy, who last seen heading into the nearby forest on Dec. 17, had two fatal machete wounds to his head and other wounds to his belly, his knees, and he was missing three fingers.

Several days earlier, according to the report, the foreman of one of the local cattle ranches threatened a group of kids who were playing in the forest, warning them that if he found them again he was "going to kill with machetes". Around the time of the child's death, a witness also saw three men wearing blood-stained clothing. All four men were questioned and later released by police. No arrests have been made.

According to a recent Press Release from the Naso, another Ngobe was murdered in December "at the hands of a farmer." However, as with the case of the murdered child, no one has been arrested and the police have made no public statements.

In their statement, the Naso denounce Panama's inaction toward these two murders and the ongoing abuses and violations of their human rights. They also call on the international community to assist in their efforts to steer the Panamanian government "in the right direction."

Download the Shadow report: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/ACD_Panama_76.pdf

What You Can Do

1. Sign a petition in support of the Naso communities of San San and San San Druy: http://almanaqueazul.org/comunicado-naso/. Here's some video footage of the eviction.

2. Send a letter to Panama's environmental agency, ANAM (who first commissioned the dam), urging them to halt construction of the Chan 75 dam and set up a process that guarantees the Ngobe's human rights. CONTACT: Javier Arias, General Administrator of ANAM - TEL: 507 500-0814 FAX: 507 500-0820 EMAIL: javier.arias@anam.gob.pa

If you know of any other petitions or ways to support the Naso and Ngobe Peoples, please leave a comment at: http://intercontinentalcry.org/ongoing-violation-of-naso-and-ngobe-peoples-human-rights/

Reclaman vocería en negociación con AES



Afectados de Guayabal.ESPECIAL PARA LA PRENSA/Gabriel Roddríguez

REDACCIÓN DE LA PRENSA
PANAMÁ, PANAMÁ

nacionales@prensa.com


Florencio Quintero, Ismael Quintero, Rubén Miranda y Melita Tera, todos moradores de la comunidad de Guayabal, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, reclamaron como suya la genuina representación como negociadores ante la empresa energética AES Changuinola.

Guayabal es parte del corregimiento de Valle del Risco, y parte de sus predios serán inundados como resultado del embalse que creará la represa del río Changuinola, sobre cuyo cauce se construyó el proyecto hidroeléctrico Chan 75, próximo a inaugurarse.

Florencio Quintero explicó que los más de 300 residentes afectados los escogieron el 19 de octubre de 2010 para reclamar por los daños y perjuicios sufridos en sus viviendas, tierras de labranza y colectivas, en la mesa de negociación que se decidió instaurar entre AES Changuinola, el Gobierno y los moradores de Guayabal.

Advirtió que no permitirán que otras personas no autorizadas se quieran atribuir esta representación.

Muere el terrorista... pero el terror perdura.

Bin laden

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"Osama Bin Laden is dead..." 

Y con el quisieramos que se muera el mito...con el quisieramos que se muera la excusa descarada para esgrimir guerra a los paises pobres... Se muere el símbolo del  "extreme
terrorism" y con él, quisieramos que se muera el terrorismo institucional del que somos victimas los paises pobres por parte de los paises poderosos...

Se muere "el símbolo del Mal" y con el quisiéramos que se muera la opresión económica, los desiguales términos de la relación de "negocios" entre el Norte y el Sur. Se muere el símbolo, y cantan victoria los incrédulos, los incautos y los inocentes...

El Norte tiene como premisa para su existencia la explotacion del Sur... Por eso el extremista viene de paises pobres... El insaciable estilo de vida del Norte, acaparador, egoista y depredador de los recursos; la arrogancia de sus pobladores que no salen de su burbuja; el desprecio de un sistema que no valora la vida sino sólo el beneficio economico a ultranza... Ese monstruo de la avaricia del Norte es (aunque esto suene a eufemismo), el detonante que genera los Bin Ladens del planeta. Las maras y los carteles que asesinan a nuestras poblaciones son por defecto, el subproducto de la insaciable hambre de dinero y placer del Norte...

Bin Laden se muere, pero no se muere su idea, como tampoco mueren ni se acaban las condiciones estructurales de pobreza, marginalización y degradación ambiental que son tierra fertil para los extremistas, mareros, y mafiosos que no son sino instrumentos ciegos de las garras del poder que ayer crearon a Bin Laden y que hoy perpetuan el miedo y la desolación en los continentes mas pobres...

Se muere Bin Laden, se muere el símbolo del terrorismo... Pero el terror perdura para los pobres a los que les duele y les mata el hambre... El terror y la incertidumbre acecha a nuestra gente y solo nos queda luchar por aquel pequeño pedazo de esperanza que podamos alcanzar...se muere el terrorista, y solo nos queda rezar para que la indiferencia no nos haga se complices de la maquinaria que ayer nos lo envió y que hoy tristemente celebra el que ya no esté.
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Provincia of Darién in Panamá

Image via Wikipedia

Al menos la corte Colombiana todavía muestra visos de dignidad. Algo que es virtualmente inexistente en el sistema de justicia panameño. Enhorabuena por los Colombianos y ojalá las instancias pertinentes hagan cumplir la decisión de esta corte.

Tomado de Noticias Uno. Abril 30 de 2011

La Corte Constitucional ordenó mediante sentencia la suspensión temporal del proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá y de la explotación de oro en Acandí, Chocó, por la violación de los derechos fundamentales de los indígenas Emberá-Katíos. Después de que la Corte negara una tutela interpuesta por los indígenas, argumentando que el interés general primaba sobre el de un pueblo, encontró que la comunidad no ha sido consultada en ninguno de esos mega-proyectos.

La tutela que fue notificada esta semana a los ministerios de Interior y Ambiente, entre otros, ordenó la suspensión del proyecto de Interconexión Eléctrica entre Colombia y Panamá, proyecto que se venía adelantando desde hace dos años en el Tapón del Darién y que según este plano, atraviesa uno de los resguardos Emberá Katíos.

 "Lo que dice la corte es: antes de realizar cualquier autorización para llevarse a cabo ese proceso, tienen que buscar, tienen que hacer el proceso de consulta previa y además se tiene que mirar si se puede modificar el traslado de la línea eléctrica", dijo Alejandra Vega, abogada de los indígenas.

Igualmente la Corte Constitucional ordenó la suspensión de varios proyectos de exploración y explotación de oro, entre los que se encuentran los de la multinacional Gold Plata y Minerales del Darién, no solo por el daño ecológico-ambiental sino por que el río Tolo es sagrado para los Kunas, Emberás y Katíos.

 "Porque hay una enorme contaminación de mercurio en el río, pero además porque el río es un sitio sagrado y sobre un sitio sagrado no puede haber explotación".

Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte también ordenó la suspensión de la construcción de la carretera que comunica a Acandí y a Unguía, porque se afecta la estabilidad de la cultura indígena.

"Esa carretera que atraviesa los resguardos de Pescadito y Chidima es un ramal de los once ramales que se encuentran al norte de Colombia que intercomunicaría con la Transversal de las Américas".

La alta corporación exhortó al Congreso para que eleve a la categoría de derecho fundamental la consulta previa y al Ministro de Interior hacer cumplir la sentencia, traducirla a la lengua Emberá y entregar un informe a la Corte Constitucional dentro de un año.


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ACD denuncia campaña engañosa de AES en Changuinola

27 de Abril de 2011


AES engaña al país con una inversión llena de irregularidades y grandes riesgos para la población panameña


La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) condena la campana publicitaria emprendida por la empresa AES durante las últimas semanas, que pretende hacer creer al Gobierno, a la comunidad empresarial y a la ciudadanía que su inversión en el proyecto hidroeléctrico Chan 75 está segura y que han actuado respetando las leyes nacionales e internacionales sobre ambiente y derechos humanos.  Cinco años después de iniciada la construcción de este proyecto, AES no ha sido capaz de solventar ninguno de los problemas que denunciamos a las autoridades durante el pasado gobierno

-         Nunca se ofreció una alternativa viable de reasentamiento para la población Ngobe , lo que ha creado una verdadera bomba de tiempo con el desplazamiento y pauperización de las comunidades afectadas que suman más  de mil personas;

-        Nunca se ofrecieron ni implementaron alternativas viables de mitigación para la migración de peces y camarones a lo largo del Río Changuinola pese a las preocupaciones expresadas por organismos internacionales por los impactos sobre el Sitio de Patrimonio Mundial del Parque Internacional La Amistad (PILA);

-        Nunca se realizó una prospección adecuada de los recursos arqueológicos presentes en el área, ni mucho menos el rescate del patrimonio cultural de nuestro país;

Todas estas irregularidades fueron denunciadas de manera oportuna por lo que existen diversos procesos legales todavía en marcha aunque solo uno fuese reconocido de manera pública en el último informe anual de las operaciones de AES a nivel global.  Por estos motivos, exhortamos:

- A las autoridades nacionales, a la sociedad civil y a los organismos internacionales que exijan la implementación de medidas que mitiguen los impactos ambientales y sociales que se  derivan de la construcción y operación de Chan 75, así como deslindar la responsabilidad civil y penal de AES y sus contratistas por los posibles daños causados al patrimonio natural y cultural del pueblo panameño,

- A la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen de manera exhaustiva la actuaciones sospechosas de las administraciones generales de la ANAM y  la ASEP durante el pasado gobierno, así como las de la actual directora nacional de Patrimonio Histórico, Sandra Serrud, y las del ex-director nacional de Política Indigenista, Jose Isaac Acosta, quien se ha convertido en las últimas semanas en vocero de AES en las negociaciones con los afectados,

-  A la comunidad empresarial y a la ciudadanía en general que exijan a AES cumplir con las leyes nacionales e internacionales sobre ambiente y derechos humanos, y en especial el rescate de los recursos arqueológicos, la reparación de las comunidades afectadas y la elaboración de un plan integral para la atención de desastres en el Rio Changuinola.

Este comunicado se adjuntó conjuntamente con el comunicado enviado por Peter Galvin del Center for Biological Diversity y James Cavallero del International Human Rights Clinic at Harvard Law School.

Flag-map of Panama

Image via Wikipedia

AES PUBLICLY ACKNOWLEDGES AT MEETING THAT IT MUST COMPLY WITH ITS STATED COMMITMENTS


By Peter Galvin, Center for Biological Diversity and James Cavallero, International Human Rights Clinic at Harvard Law School


ARLINGTON, Virginia-- At its annual shareholders meeting today, AES Corporation CEO Paul Hanrahan assured concerned shareholders that AES "will live up to its public commitment" to build community centers for all communities affected by the Changuinola River dam project known as Chan 75, including Guayabal, and to negotiate with families whose farms will be flooded and destroyed by the massive dam and reservoir project.

Today, affected community member Bernardino Morales, the Harvard International Human Rights Clinic (IHRC) at the Harvard Law School, and the Center for Biological Diversity (CBD) challenged AES leaders at the annual shareholders meeting about the company's refusal to live up to its commitments to compensate affected community members and build community centers. "This commitment to build a Guayabal community center is important and we are confident that AES will follow through," said Prof. James Cavallaro of the IHRC. He continued, "there is a still a lot that AES must do." To date, AES has failed to compensate all flood victims, build a promised resettlement community, and comply fully with Panamanian environmental regulations.

The Changuinola River dam and reservoir project is one of three hydroelectric dam and reservoir projects planned for construction by Virginia-based AES Corporation (NYSE: AES) on the pristine Changuinola River in western Panama near the Costa Rica border, the lifeblood of UNESCO World Heritage Site La Amistad International Park. It will flood thousands of acres of land and homes of hundreds of Ngöbe indigenous people and create insurmountable barriers for fish species upon which the tribes rely. Peter Galvin, Conservation Director of the CBD, noted that: "This is an environmentally disastrous project that never should have been constructed." Galvin added, "Given the massive environmental and social impacts of the Chan 75 project, AES has a legal and moral duty to compensate the families and communities being flooded out of their lands by the project." Galvin further added, "We will continue the fight with our Panamanian allies to block construction of the second and third dam and reservoir projects proposed by AES on the Changuinola River."

The project has, since its inception, been marked by allegations of violence, manipulation and bad faith on the part of AES and its subcontractors.

At today's shareholders meeting, Mr. Morales and representatives from IHRC and CBD spoke and distributed documents that shared concerns about AES. In an emotional moment, Mr. Morales told shareholders and executives that: "I have long opposed the project that will flood the land of my mother and my family, but since it is now inevitable, I decided to negotiate. I don't understand why the company refuses to sit down with me." Specifically, to date, AES:

·       Has not compensated all affected members of the Ngöbe community. After entering into negotiations with these community members, AES representatives in Panama refused to communicate with their lawyers and plans to flood their lands and destroy their homes without compensation. At today's shareholder meeting, AES executives publicly promised to negotiate with these community members.

·       Agents in Panama have backtracked from their repeated promises to build a resettlement community for each affected indigenous community. Until today, representatives of the company in Panama have denied that they were obligated to build resettlements. Confronted with the company's promise to construct a community center for Guayabal, one of the four directly affected communities, AES CEO Paul Hanrahan promised to fulfill AES's commitment on its website to build a community center.

·       AES representatives asserted their intent to begin the flooding process without rescuing and relocating flora and fauna, in direct violation of Panamanian law and National Environmental Authority regulations.

Shareholders and investors expressed interest in and concern about these failures. They were particularly concerned that AES's actions directly contradict its posture as a "socially responsible" company that maintains "strict adherence [to and] respect for the integrity and human rights of persons who currently reside in areas surrounding the project."

IHRC and CBD seek and intend to hold AES to live up to its public commitment to "comply with [its] promises in Panama" and to reach fair agreements with remaining landowners, regarding Chan-75.

The Center for Biological Diversity is a national, nonprofit conservation organization with more than 220,000 members and online activists dedicated to the protection of endangered species and wild places.

The International Human Rights Clinic of the Human Rights Program at Harvard Law School is a center for active engagement in human rights within a context of critical reflection.  The Clinic represents individuals and communities in situations of potential or actual rights abuse on a pro bono basis.

 
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Nasos impiden paso a proyecto de Bonyic


Manifestantes exigen su comarca.

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
EL TERIBE, BOCAS DEL TORO

nacionales@prensa.com

Por tercer día consecutivo cerca de 50 moradores de la comunidad de Bonyic y áreas aledañas mantuvieron cerrada la vía que comunica hacia el cuarto de máquinas del proyecto hidroeléctrico Bonyic, que se desarrolla en el corregimiento del Teribe, distrito de Changuinola.

Félix Sánchez, representante de la agrupación naso, dijo que los moradores están exigiendo que el Gobierno les apruebe su comarca, porque así como le entregó en concesión más de mil 198 hectáreas a la empresa Hidroecológica Bonyic para que desapareciera el patrimonio de los nasos, así mismo ellos solicitan la delimitación de su territorio para su comarca.

Además, agregó que la citada empresa ha estado incumpliendo los acuerdos a que se comprometió con la comunidad, por lo que piden la actualización del plan de compensación con el que se comprometió con las 11 comunidades del corregimiento del Teribe.

De igual manera, Sánchez denunció que la empresa participó de un negociado millonario con una fundación internacional para captura de carbono, sin la debida autorización de la comunidad naso.

Sobre este reclamo, una fuente de la empresa, que prefirió no ser identificada, manifestó que la ejecución del convenio social se está desarrollando a medida que avanza el proyecto, y que no es cierto que se esté contaminando el agua de las comunidades, "porque nuestros biólogos están periódicamente monitoreando y realizando los diferentes análisis químicos en las muestras de agua". Además, aclaró que no existe tal negociado de carbono, ya que si bien la empresa se notificó del mismo, mientras no se esté generando no puede darse tal negociado.